Hace una década más o menos, desde luego antes de la pandemia, que es como ahora se mide el tiempo, hubo entre nosotros cierta agitación, disputas teórico-políticas y movimientos en las calles en virtud de los tratados internacionales de comercio que se andaban negociando. Un asunto bastante opaco éste que por lo general se aborda de espaldas a la ciudadanía, básicamente porque, en términos comerciales estrictos, su repercusión no suele ser favorable ni a productores ni a consumidores. Sólo los mercaderes obtienen beneficios. Aquello se diluyó y algunos tratados se remataron, se firmaron y están en vigor, como el CETA, Acuerdo Económico y Comercial Global entre la Unión Europea y Canadá.
Ahora se habla del acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay) suscrito a principios del presente mes. Y hablan de ello sobre todo los agricultores y sus organizaciones profesionales a toro pasado, con ecos interesados del Partido Popular, curiosamente más que devoto de todo tipo de desregulaciones cuando gobierna, y de Vox, que busca fortalecer su caladero de votos en el mundo agroganadero. Es curioso, si se hace memoria de cuanto bullía diez años atrás, no encontraremos rastro en aquellas polémicas y manifestaciones ni de las organizaciones agrarias ni de los partidos de la derecha tradicional. Tampoco el PSOE se asomó. Supongo que no se necesita explicar el porqué de los comportamientos de antes y de ahora.
Mas, siendo como es la actividad comercial un hecho común y corriente para toda la humanidad, cuando su regulación o desregulación se llevan a cabo a espaldas de la gente poco bueno se puede esperar de semejante proceder. Y de ahí también la fácil manipulación política, en cuya salsa mojan así mismo los traficantes sin mayores consideraciones. Nos queda, pues, para el rito de las uvas, desear que finalmente el acuerdo no sea ratificado por el Parlamento y el Consejo de la Unión a lo largo del próximo año. Es la última pelea en este caso.