En el complejo tablero político español, pocas cuestiones generan tanto debate como la financiación autonómica. La reciente propuesta gubernamental de condonación de deuda a las comunidades autónomas ha reabierto viejas heridas territoriales y plantea interrogantes fundamentales sobre la equidad fiscal en nuestro país.
La condonación de deuda autonómica, más allá de su aparente generosidad, representa en esencia una operación contable que transforma deudas regionales en deuda nacional. No es magia: lo que era responsabilidad de los ciudadanos de una determinada autonomía pasa a ser carga de todos los españoles. Es decir, no desaparece, sino que se redistribuye. Esta redistribución, inevitablemente, genera ganadores y perdedores. Las comunidades con mayor endeudamiento por habitante son las principales beneficiadas de esta medida, mientras que aquellas con finanzas más saneadas o menor deuda per cápita verán cómo sus ciudadanos asumen cargas ajenas sin recibir compensación equivalente.
Los datos son reveladores. Comunidades como Cataluña y la Comunidad Valenciana representan algunas de las grandes beneficiadas del sistema, con condonaciones por habitante de 2.222 y 2.288 euros respectivamente. Esta elevada cifra de condonación per cápita implica un alivio significativo para estos territorios, a costa de un reparto de su deuda entre todos los españoles. La generosidad de la medida con estas autonomías contrasta con el tratamiento a otras regiones con menor peso político o demográfico, lo que inevitablemente alimenta la narrativa de un sistema de financiación que responde más a presiones políticas que a criterios objetivos de equidad.
Castilla y León ejemplifica a la perfección el lado oscuro de esta política de condonación. Con una condonación por habitante de apenas 1.518 euros, muy por debajo de la media nacional, los castellanos y leoneses se encuentran entre los grandes perjudicados por esta medida. La diferencia es sustancial: mientras un catalán ve cómo se le condonan 2.222 euros de deuda, un ciudadano de Castilla y León solo recibe un alivio de 1.518 euros. Esta diferencia de 704 euros por habitante refleja un desequilibrio difícilmente justificable desde criterios de equidad territorial.
Profundizando en el caso castellano y leonés, los números hablan por sí solos. Antes de la condonación, cada ciudadano de Castilla y León era responsable únicamente de su deuda autonómica de 1.518 euros per cápita. Tras la condonación y redistribución nacional, estos mismos ciudadanos pasarán a ser corresponsables de una parte proporcional de toda la deuda condonada en España. Con la deuda total condonada cada español (incluidos los castellanoleoneses) asumirá una carga media de unos 1.892 euros. Esto significa que un habitante de Castilla y León está pasando de deber 1.518 euros a asumir 1.892 euros, lo que supone un incremento neto de 374 euros por persona. En contraste, un catalán pasa de deber 2.222 euros a asumir los mismos 1.892 euros, beneficiándose de una reducción de 330 euros por persona. Esta transferencia indirecta de riqueza de 704 euros por habitante (la suma del perjuicio castellano y leonés y el beneficio catalán) resulta especialmente controvertida cuando consideramos que Castilla y León ha mantenido históricamente políticas de mayor austeridad y control del gasto público.
Lo paradójico de la situación es que los ciudadanos de Castilla y León, una comunidad históricamente caracterizada por la prudencia fiscal y una gestión cautelosa de sus finanzas públicas, se verán obligados a contribuir al pago de deudas generadas por otras autonomías que han mantenido políticas presupuestarias menos rigurosas. Para una familia castellanoleonesa típica de cuatro miembros, esto podría traducirse en asumir aproximadamente 1.496 euros adicionales (374 € × 4) de deuda que originalmente no les correspondía.
El mensaje que envía esta política de condonación resulta preocupante: las comunidades que han incurrido en mayor endeudamiento reciben mayor alivio, mientras que aquellas que han gestionado sus recursos con mayor prudencia obtienen menor beneficio. Esta dinámica podría generar incentivos perversos en el futuro, animando a las autonomías a endeudarse con la expectativa de futuras condonaciones. Es el clásico problema de riesgo moral: si los excesos presupuestarios son eventualmente socializados, ¿qué incentivo existe para mantener la disciplina fiscal?
La condonación de deuda no resolverá los problemas estructurales del sistema de financiación autonómica. Es, en el mejor de los casos, un parche temporal que alivia síntomas sin abordar causas. Lo que España necesita es un debate serio sobre un nuevo modelo de financiación que garantice la suficiencia, la equidad y la responsabilidad fiscal. Un modelo que tenga en cuenta las necesidades objetivas de cada territorio (demografía, dispersión, envejecimiento) y que establezca mecanismos claros de solidaridad sin generar agravios comparativos como los que evidencia la actual propuesta de condonación.
La solución a los desequilibrios territoriales en España no puede venir de medidas cortoplacistas como condonaciones selectivas de deuda. Requiere un pacto de Estado que establezca reglas claras, previsibles y equitativas para todas las comunidades. Mientras tanto, los ciudadanos de regiones como Castilla y León tienen motivos para sentirse agraviados por un sistema que parece premiar el endeudamiento y penalizar la prudencia. La solidaridad interterritorial es un principio fundamental de nuestro ordenamiento constitucional, pero debe ejercerse con criterios objetivos y transparentes, no como moneda de cambio en negociaciones políticas opacas. El verdadero federalismo fiscal que España necesita debe combinar autonomía y responsabilidad, solidaridad y disciplina. Solo así podremos superar la actual dinámica de agravios comparativos que, lejos de cohesionar el país, alimenta tensiones territoriales y dificulta la construcción de un proyecto común de país.