León una ciudad histórica que ha vivido a lo largo de los siglos importantes acontecimientos, es también esta última semana un símbolo de justicia, legalidad y regeneración democrática. Porque a sus juzgados hemos acudido un grupo de guardias civiles, socios y exdelegados provinciales de la Asociación Justicia para la Guardia Civil (JUCIL), para exigir con respeto, pero sobre todo con firmeza, que se cumplan las normas que la propia asociación se ha dado. Lo hacemos en contestación, tras haber sido expulsados sin causa objetiva, sin expediente y sin defensa. Lo hacemos porque creemos que la legalidad, cuando es vulnerada, debe de ser restituida por los cauces que marca el Estado de Derecho que con orgullo defendemos, como ciudadanos y como servidores públicos.
JUCIL no es una asociación cualquiera. Es la entidad con mayor representación en el Consejo de la Guardia Civil, con seis delegados. Representa, o debería representar, los intereses de miles de guardias civiles que cada día se esfuerzan y en ocasiones hasta se juegan la vida en defensa de los derechos y libertades de todos. Por este motivo, la ejemplaridad de sus dirigentes no es una opción, es una obligación que ahora queda reflejada en la Dolorosa procesión a los juzgados. Y habrá más.
Quienes hemos impulsado esta iniciativa judicial no lo hemos hecho por ambición personal ni con ánimo de revancha, sino desde una profunda preocupación por la deriva que ha tomado la organización. La plataforma interna Regeneremos Jucil no es más que una respuesta natural ante lo que consideramos como un retroceso en los principios fundacionales de la asociación: la defensa de los derechos profesionales, la igualdad, la transparencia y la participación de todos los socios en las decisiones a todos nos afectan.
Los hechos hablan por sí mismos. Quienes demandamos esa transparencia hemos sido expulsados sin procedimiento alguno, sin expediente disciplinario, sin audiencia previa, sin infracción tipificada. La única explicación ofrecida fue el silencio. Tampoco se nos ha permitido participar en la Asamblea Extraordinaria del 11 de marzo en Madrid, privándonos así de nuestro derecho a voto y a voz, derechos que están reconocidos para todos los asociados en los estatutos vigentes. Esta es, en realidad, la esencia del conflicto. No se trata de una lucha de poder, sino de una lucha por el derecho a disentir, por el derecho a participar, por el derecho a exigir cuentas a quienes gestionan lo que es de todos. Porque en Jucil no hay propietarios, hay representantes. No hay dueños, hay encargados temporales del mandato de sus bases.
En una asociación democrática no puede permitirse la opacidad
Los principios de legalidad y de transparencia no son ornamentales. Regeneremos Jucil entiende que esos principios son la columna vertebral del servicio público. Quienes forman parte de JUCIL lo hacen porque creen en una Guardia Civil moderna, eficaz y respetuosa con los derechos fundamentales y al tiempo, responsable con el cumplimiento de los derechos laborales de los integrantes del Cuerpo. Y eso exige que sus representantes sean los primeros en dar ejemplo.
Las decisiones unilaterales, la negativa a facilitar información económica, la ausencia de rendición de cuentas, la falta de cauces democráticos para debatir propuestas… todo eso ha generado una crisis de confianza que solo puede resolverse con luz y taquígrafos. Porque si no hay debate, no hay asociación. Si no hay control, no hay legitimidad. Y si no hay respeto a los estatutos, no hay base jurídica sobre la que sostener la representatividad que hoy ostenta Jucil.
Volver a los orígenes: de Jusapol a Jucil
Jucil nació en 2018 como el brazo asociativo de Jusapol, el movimiento ciudadano que reivindicaba la equiparación salarial de guardias civiles y policías nacionales con los cuerpos autonómicos. Lo hizo desde la calle, desde la unidad, desde la ilusión de miles de agentes que querían justicia y dignidad profesional.
En pocos años, Jucil consiguió convertirse en la primera asociación representativa dentro del Consejo de la Guardia Civil. Un éxito indiscutible. Pero precisamente por eso, los estándares éticos de sus dirigentes deben ser más altos, no más bajos. No basta con gestionar, hay que hacerlo con rigor. No basta con representar, hay que rendir cuentas.
Exigencia, no confrontación
Este proceso judicial no busca dividir, sino regenerar. No busca enfrentamiento, sino soluciones. Es un llamamiento a la responsabilidad, a la escucha, al reencuentro con los valores que hicieron de JucilL un referente.
León es la sede judicial de esta causa. Pero también puede ser el punto de partida de una etapa nueva para Jucil. Una etapa donde quepan todas las voces, donde se respeten los derechos de los asociados y donde la transparencia no sea un eslogan, sino una práctica habitual. La certeza, como la buena música impide que escuchemos el ruido de la calumnia y las medias verdades.
Porque cuando los representantes no cumplen las normas, el sistema tiene que responder. Y eso es exactamente lo que están haciendo en León quienes creen, de verdad, que Jucil puede y debe ser mejor.
No por ellos. Por todos.
Javier Montero es el exsecretario de Jucil en A Coruña