He visto publicado en primera página de La Nueva Crónica de León correspondiente al 8 de abril, un artículo sobre pensiones públicas, dejando en entredicho su viabilidad económica, extrapolando datos de la Seguridad Social de las provincias de Castilla y León y dejando caer la posible insostenibilidad de un sistema público que es de los mejores del mundo y que hemos de defender a capa y espada. Lo primero que tengo que decir, como miembro de la Coordinadora Pensionista de León, es que el reciente informe de la Autoridad Independiente de Reforma Fiscal (AIReF) de 31 de marzo fija que, según los datos de Ageing Report de Envejecimiento de la Unión Europea de abril de 2024, los del Instituto Nacional de Estadística y del Ministerio de Seguridad Social, el sistema público de pensiones español es sostenible según la regla de gasto o cláusula de cierre impuesta por la Unión Europea al Gobierno de España para acceder a los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Por tanto, el primer mensaje en este artículo es el de tranquilidad, ante quienes con datos parciales intentan asustarnos. Porque la AIReF no se casa con quienes defendemos las pensiones públicas. Todo lo contrario. Junto al Banco de España, el Fondo Monetario Internacional, la Comisión Europea y la OCDE tienen mucho interés en impulsar los planes privados de pensiones y sus fondos de pensiones y de inversión gestionados por bancos y aseguradoras y para ello han de desacreditar el sistema público. Sin embargo, el crecimiento de la riqueza del país, medido por el Producto Interior Bruto, junto a nuevos ingresos a la caja común de la Seguridad Social por medio del Mecanismo de Equidad Intergeneracional, el Destope de las Bases Máximas de Cotización, la Cuota de Solidaridad, la Reforma del Régimen de Personas Autónomas, el incremento del Salario Mínimo Interprofesional y la Reforma Laboral para que haya más contratos indefinidos y a tiempo completo, ha hecho que la caja común y la hucha de las pensiones de la Seguridad Social se recupere, según datos de 2024. No es todo lo que quisiéramos, pero ese es el camino.
Esta campaña mediática destinada a crear incertidumbres y miedos con medias verdades no tiene más que un objetivo: manipular a las personas jóvenes para hacerles creer que no van a llegar a cobrar pensiones públicas y han de hacer cuanto antes un plan privado de pensiones, ya sea particular o de empresa a través de los convenios colectivos. Es el mismo proceso con el que las Administraciones intentan privatizar la Sanidad Pública con listas de espera desesperantes y la falta de personal. Es una irresponsabilidad viendo lo que pasó con la pandemia, que fueron los servicios públicos junto a la sociedad civil quienes nos enfrentamos a lo desconocido y vencimos.
Pienso que son ciertos los datos sobre el coste de pensiones y cotizaciones a la Seguridad Social de la provincia de León porque es la provincia de la Comunidad Autónoma que tiene más pensionistas, tanto en términos relativos como absolutos, por causa de la minería del carbón, al igual que Asturias. La industria minera daba miles de puestos de trabajo y ahora apenas hay alternativas. Pero no olvidemos que la financiación de la Seguridad Social tiene otra fuente, además de las cotizaciones sociales: la de los impuestos generales. Nadie habla de la evasión y fraude fiscal, ni de economía sumergida, ni de que, en tanto por ciento, pagan mucho menos quienes más tienen. Incluso si hablamos de cotizaciones sociales, deberíamos recordar que el Gobierno introdujo en la ley 21/2021 la obligación de hacer una auditoría de las cuentas de la Seguridad Social y lleva tres años incumpliendo la legalidad. De momento el Tribunal de Cuentas ha informado que el Estado debe a la Seguridad Social 103.690 millones de euros. El Gobierno reconoció haber pagado con cotizaciones unos gastos que no debía haber hecho, 20.000 millones al año y que el Ministro Escrivá estimó en siete años 140.000 millones, lo cual contribuyó a dejar la hucha de las pensiones temblando en poco tiempo. Y suma y sigue….
Recordemos algunos artículos de la Constitución Española. El artículo 41 dice que «España tiene Seguridad Social pública. La Seguridad Social se encarga de pagar las pensiones a las personas jubiladas y dar ayudas a las personas en paro». El artículo 50 establece que «los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos y ciudadanas durante la tercera edad». Finalmente, la Seguridad Social tiene 6 principios. Uno de ellos es el de la SOLIDARIDAD que impone la solidaridad de las personas jóvenes respecto de las viejas; de las personas sanas respecto de las enfermas; de las personas ocupadas respecto de las que se hallan en situación de desempleo; de las personas vivas respecto de las familias de los fallecidos; de las que no tienen cargas familiares respecto de las que las tienen; de las actividades económicas en auge y prosperidad, en fin, respecto de los sectores deprimidos. Y el de IGUALDAD, equidad e igualdad de derechos, con independencia del momento y lugar de residencia del asegurado, sea en León o en cualquier otro punto de la geografía española.
Defender los Servicios Públicos del Estado del Bienestar, Sanidad, Educación, Dependencia, Seguridad Social, Vivienda, Empleo, etc., con gestión pública, de calidad y de acceso universal, para todos y todas es defender la democracia, algo que parece que quieren cargarse, visto lo visto, pero que mientras tengamos fuerza, los y las pensionistas lo vamos a impedir.
Manuel Colinas Sala. Miembro de la Coordinadora de León por la Defensa del Sistema Público de Pensiones.