Un real decreto publicado en 2021 es el origen del malestar generado en los últimos meses en aquellos lugares donde ha empezado a hacerse efectivo. Dicha normativa recoge la obligatoriedad de registrar los gallineros destinados al autoconsumo. Los propietarios deben rellenar un formulario en el que figuran, entre otros datos, la ubicación de sus instalaciones y el número de aves que contienen. Después, una inspección para comprobar si las condiciones son adecuadas y esperar el consiguiente visto bueno. Sin estos trámites, no podrán adquirir más animales. Amén de arriesgarse a recibir una sanción.
Los dueños de las tiendas de productos agroganaderos; que venden pollos, gallinas, pavos, pienso y demás suplementos para su cuidado; ponen el grito en el cielo ante su inminente ruina. Ven más que previsible que sus clientes habituales dejen de comprar.
Eso por no hablar del engorro que supone tanta burocracia y su correcta gestión por parte de la administración correspondiente. El motivo oficial que llevó a redactar esta ley es sanitario. Se supone que así es más sencillo localizar el origen y proceder al rastreo de los posibles brotes de gripe aviar y otras enfermedades.
Sin embargo, alguien malpensado podría creer que existen intenciones ocultas. Por ejemplo, ejercer aún más control y presión sobre todo aquello que no sea criar a lo grande. O, tal vez, algún impuesto sorpresa a medio o largo plazo.
En cualquier caso, supone otro varapalo para el mundo rural. Por si no está ya de sobra castigado.
Ahora les toca el turno a las personas mayores que viven en los pueblos y que se mantienen activos en gran medida gracias a sus animales. Muchos dejarán de tenerlos por incertidumbre o por incapacidad de hacer el papeleo requerido. Demasiadas trabas para «cuatro gallinas».
¿Esto es realmente necesario? Parece que ya se ha reclamado la anulación de esta norma y el fin de semejante despropósito. ¿O se pretende acabar también con los huevos caseros y los pollos de corral?