Como todo el mundo sabe, apenas en cuatro días, seremos llamados a acudir a las elecciones europeas. Ya sacó el que no da una en al clavo –Tezanos– sus encuestas de diseño y así, votaremos a un atajo de inútiles bien pagados, que nos complican la vida día a día.
Los fondos que recibimos de Europa tienen su tara y ni siquiera son invertidos donde se necesitan, porque hay autonomías privilegiadas y otras, pasto del abandono, como nuestra provincia, atenazada entre el olvido del Estado Central y las agresiones de la Junta Castellana. De Bruselas vinieron unos funcionarios para controlar el destino de esos fondos, pero tomaron por cierto lo que Calviño les contó y aquí paz y, después gloria.
Si el interés por la economía española es insignificante, en lo tocante a la situación política es aún menor. Ni el chantaje de esta amnistía para delincuentes que ya fueron condenados; o el absurdo de indultar a unos instigadores que ni siquiera han sido juzgados, como Puigdemont y sus cómplices. Poco le importa al euro parlamento la presencia de terroristas en el gobierno; el fraude de las mascarillas que salpica desde las máximas instituciones, al rufián Koldo; ni los tejemanejes de la mujer de Sánchez. Todo lo toman como episodios pintorescos y meramente anecdóticos. Nuestro prestigio está por los suelos. En política exterior, generando desencuentros con países amigos y blanqueando a los islamistas de Hamás e Irán, que están en colisión con los derechos humanos.
Pero no siempre fue así. En el 78 hubo una Transición pacífica, y pasamos de una larga dictadura a una monarquía parlamentaria. Una Constitución que se vendió por el mundo como algo ejemplar. La Carta Magna, dice que España es un «estado de derecho». Que todos los españoles somos iguales, «de la indisoluble unidad de la Nación Española» y otros principios que están en entredicho.
El jefe del Estado, el monarca, reina; tiene un poder y unos límites, tal como sucediera hace mil años en León cuando, pactaron el pueblo y el Rey Alfonso IX, dando lugar al parlamentarismo del Fuero de León.
En el capítulo quinto, se habla de la Corona. Y se expone que «el Rey es garante de la unidad del Estado». Lo cual no solo consiste en pasar revista a las tropas en el día de la Bandera o venir a la Virgen del Camino para repartir los despachos a los nuevos pilotos. Al rey también le corresponde «sancionar y promulgar las leyes». De momento su firma no está en la ominosa ley.
Realmente, es una situación comprometida. De firmar, el prestigio de Felipe VI y de la monarquía saldría severamente dañado. Más tarde llegaría el proceso separatista sería el fin. El punto final deseado por Sánchez para establecer su poder. ¡Vaya papeleta!