Hace aproximadamente un año, el Ministerio de Derechos Sociales y Consumo anunció que daría prioridad a la cuestión de la mejora de los permisos familiares en España, que debería haberse aprobado el pasado mes de junio de no haber sido por las elecciones. Una promesa que puede ver la luz próximamente durante el nuevo año, según lo anunciado por el nuevo ministro de Derechos Sociales, Pablo Postenduy, durante el acto de toma de posesión de altos cargos de su ministerio recientemente. Esta ley surge tras una revisión exhaustiva de las políticas relacionadas con la familia en España, e incluye importantes mejoras en el ámbito de los permisos familiares y el apoyo a madres y padres. Trae consigo muchas buenas noticias en cuanto a aumentar el periodo de baja por maternidad y paternidad hasta llegar a veinte semanas en lugar de dieciséis, lo que significa que los padres tendrán más tiempo para cuidar a sus hijos. Además de pagar la licencia de paternidad que no se pagaba anteriormente, de modo que al menos cuatro de las ocho semanas sean remuneradas (teniendo en cuenta que la licencia de maternidad fue pagada en su totalidad), además de flexibilizar el uso de las bajas, ya que los padres podrán disfrutar de las bajas anualmente de forma ininterrumpida o de forma intermitente hasta que sus hijos cumplan ocho años. También reconoce todo tipo de familias reconocidas en la legislación, incluidas las familias monoparentales y las familias del mismo sexo, así como las familias que residen fuera del territorio español.
No se limitó únicamente a estas mejoras, sino que también se amplió a otros permisos que se prevé entren en vigor el próximo año, como el permiso retribuido para el cónyuge o pareja de hecho en caso de accidente o enfermedad grave, y el permiso para cuidar de personas mayores por motivos familiares urgentes e inesperados, sin olvidar otras propuestas e ideas relacionadas con las funciones del ministro, como implementar los derechos sociales de las familias, proteger a las personas con discapacidad y a los consumidores y desarrollar la ley de atención al cliente.
Quienes contemplan estas nuevas decisiones pueden atribuirlas a dos motivos: El primero es convertir en realidad lo que los responsables del Ministerio de Derechos Sociales y Consumo prometieron antes de la última batalla electoral y después de que fuera un compromiso con el electorado. Sobre todo, porque el porcentaje de las recientes elecciones no fue lo suficientemente decisivo ni satisfactorio para los partidos en competencia y habría amenazado la formación del nuevo gobierno, que después de una difícil lucha se convirtió en la segunda coalición en la historia democrática de España. El otro tema es la presión de la Unión Europea sobre los funcionarios españoles para que cumplan con la visión de la Unión Europea y la Agenda 2030. Y tomar medidas como el resto de países de la Unión con el objetivo de lograr el desarrollo sostenible, el bienestar social y la protección de los derechos sociales. Sobre todo porque España comparecerá ante Naciones Unidas en julio de 2024 para someterse al examen nacional voluntario en el que se avanzará en relación con la Agenda 2030, y que evaluará los 17 objetivos de desarrollo sostenible adquiridos ante la comunidad internacional.
Estas mejoras se consideran un paso importante para apoyar la vida familiar en España, mientras el Ministerio de Derechos Sociales confirma que su prioridad en el nuevo año será aprobar y aplicar «rápidamente» esta ley para saldar la que llamó la deuda histórica en el campo de las finanzas, lo que muestra su compromiso de conseguir estas mejoras lo antes posible.