Años llevamos mareando la perdiz… y lo que te rondaré, morena. Y es que el asunto da para mucho, que a la vista está. ¿Y por dónde empezamos? Pues por el principio, cual debe ser: por el suelo, base de todo para lo que a construcción (de viviendas) se refiere.
Se dice que falta suelo. Bueno, para empezar, suelo, suelo, lo que se dice suelo, hay a montón. Basta subir a un «aeroplano», mirar «pa’bajo» y ver que de eso hay a «puñaos»: todo es tierra con un poquito de construcción. Otra cosa es suelo urbanizado, aunque de ese hay menos. Más o menos el 90% del país no tiene un centímetro cuadrado de asfalto, así que suelo (terreno), hay más que suficiente y, desde luego, no es por falta de previsión urbanística, pues, por ejemplo, el PGOU de la ciudad se proyectó para una población de 250.000 habitantes (quién los pillara).Así que, del suelo virgen (y mártir) no urbanizado, hay a montón. Del sí urbanizado, ya es otro cantar, entre otras cosas porque sale caro, muy caro, con un alto precio de tiempo, pues los procesos se eternizan por años y años, y, por supuesto, por costo monetario, pues los requerimientos actuales por servicios de infraestructuras (abastecimiento, saneamiento, electricidad y nuevas tecnologías) y acabados de superficie (acerados, calzadas, iluminación), son cada vez mayores.
En cualquier caso, no es, aquí, el problema. Hace unos días se reclamaba la urbanización de unos cuantos miles de metros en los aledaños del Palacio de Exposiciones. Si es para adecentar el entorno, la petición puede valer, pero no más allá, porque si es para tener superficie disponible para construir, más bien que no, pues, si algo sobra en esta ciudad, es suelo disponible para hacer casas, por el norte, por el sur, por el este y por el oeste.
En cuanto a la vivienda en sí, para alquilar o comprar, ya es otro cantar, aunque no por eso menos «mareado» (como la perdiz), porque llevamos Ley de Vivienda en versiones varias, desde la «.0» a la … ni se sabe y las que faltan.
Empecemos por el alquiler. Hay viviendas vacías y sin alquilar, y llevamos años dando vueltas a medidas que, simplemente, tratan de soslayar una realidad: la inoperancia del estado (y digo del estado porque viene de todos los gobiernos habidos) para resolver el problema de quien, en verdad, no puede llegar a tener una posibilidad de alquilar (no digamos de comprar). Así, se interviene, se limita y se protege tirando con pólvora ajena, desviando el tiro al propietario privado para tapar las propias vergüenzas, contándonos que los fondos buitre y grandes tenedores son los culpables, cuando éstos no representan ni el 10% de los inmuebles en danza. Una persona con riesgo de exclusión tiene que ser protegida, sí, pero por el estado y no por el bolsillo de un particular, que ha pagado sus impuestos, que ha ahorrado y ahora tiene que cubrir al estado que, al socaire de proteger a quienes él tiene que proteger, favorece la aparición de pillos y «aprovechateguis» que hunden el alquiler. Hágase, de una vez, una ley que garantice la propiedad privada (lo dice la Constitución), eso pondrá en el mercado miles de viviendas, lo que bajará inmediatamente el precio, y al mismo tiempo, de verdad, no de palabra, hagan de una vez el necesario parque de viviendas para cubrir esa evidente necesidad, o al menos, y mientras tanto, si de verdad es usted social y justo, mientras tanto, páguele al propietario damnificado, los gastos y un alquiler al menos justo. Eso no solamente protegerá a unos y compensará a los otros, es que forzará al sistema a comprobar quién de verdad lo necesita. Pero hay que querer hacerlo.
Y de posibilitar vivienda, sobre todo para los que tienen más dificultades… pues qué vamos a decir. Bueno, sí que voy a decir, aunque si usted, amable lector, ha tenido la paciencia de leer esta columna de opinión en los dos últimos años, le sonará el comentario.
Cuando algo está inventado, no hay porque rebuscar. Tal y como, en efecto, ya he escrito, entre los años 60 y 70, en un país que ni de lejos estaba en la situación económica, social y política que ahora tenemos, se construyeron millones, sí, millones, de viviendas con un Plan de Vivienda que asociaba al estado, las Cajas de Ahorro y los promotores particulares (y cooperativas también). Con aquél procedimientos, millones de españoles tuvieron una vivienda que llevarse a la boca, valga la expresión. La administración del estado rebajaba los impuestos, las Cajas (léase hoy entidades financieras), facilitaban créditos al vendedor, mientras el comprador recibía unas buenas condiciones de financiación. Y todos contentos… y agradecidos.
Si aquello funcionó, porqué no ha de funcionar ahora, un tiempo en el que las ayudas, subvenciones y desgravaciones son el pan nuestro de cada telediario. Pero no parece que a nadie se le ocurra ir por ese camino. Ni tan siquiera mencionarlo. Claro que hay que reconocer que sucedió en una época innombrable. Espero que no sea por eso.
En fin, que el molinillo sigue dando vueltas, y… la vida sigue igual, que dice la canción.