Creo que era el año 2013, Estados Unidos estaba al borde del colapso, la cuna del capitalismo despiadado iba a ser devorado por su hijo haciendo una alegoría contracultural al cuadro de Saturno devorando a su hijo de Francisco de Goya; el propio sistema cimentado en el capital amenazaba con derrumbarse al no haberse podido aprobar los presupuestos anuales y como consecuencia haber despojado al Tesoro de la capacidad de gastar dinero. Casi un millón de funcionarios se habrían visto evocados a irse a su casa suspendidos forzosamente de empleo y sueldo hasta que se pusiese de nuevo en marcha la maquinaria presupuestaria, todo el país se habría paralizado dependiendo únicamente de los omnipresentes servicios esenciales. Este procedimiento monetario podría parecer tercermundista, anacrónico en los tiempos poscapitalistas en los que vivimos, estructura que deja en evidencia el sofisticado Estado norteamericano, sin embargo, ese chantaje presupuestario pone en un brete a los legisladores y aguanta el peso de la permanencia, aunque sólo sea simbólica, del estado de bienestar.
Nuestros procesos legislativos dotan al sistema de unas garantías, de un salvoconducto para que el laberinto mastodóntico siga funcionando mediante la medida de gracia de la prorrogación presupuestaria. Alfonso Fernández Mañueco lo ha vuelto a hacer, ha seguido la tónica general en su gestión monetaria basada en estirar el chicle de las cuentas pasadas. Dicen que todos tenemos un vicio y el del presidente de la Junta parece ser aferrarse a que la sequía parlamentaria se palíe con el mojabobos que con lluvia sobre mojado hace que se estanquen las inversiones en nuestros fueros. Me gustaría saber cuál sería su actitud, no sólo la suya sino la de todos nuestros dirigentes, si su sueldo y el de todos los funcionarios dependiera de la aprobación de unas cuentas anuales; quizá sentirían como un verdadero fracaso su no renovación y dejarían de venderlo como un éxito porque sentirían en la propia piel de sus carteras esa precariedad.