Pese a esas circunstancias, parece no haber prisa en solucionar un problema que solo requiere una explicación “eso nos hace pensar aún más en que están ocultando algo, sino no tendrían problema en explicarnos qué sucede con esas dos empresas subcontratas que van a contratar a diez personas”, dice el secretario del comité, David Lago. Es más, valoran que se está intentando realizar estas contrataciones dentro del impás de dos meses antes de que el nuevo contrato se active. Y lo que más les molesta es que se hable de que esos contratos son de personas con discapacidad “sabemos que esas dos subcontratas se dedican a hacer esos contratos, pero queremos que, sean o no personas con discapacidad, tengan los derechos que tenemos los que estamos trabajando y no menos”, defiende el presidente del comité, Javier Gómez.
Lamentan que no se les esté escuchando y que se esté intentando romper la unidad laboral dentro del núcleo de la empresa, puesto que, en cuando la nueva contratación se ponga a andar, deberán iniciar la negociación del convenio colectivo propio. Es al que están acogidos los trabajadores subrogados, pero no al que lo estarán los nuevos empleados, que ya se basarán en el convenio provincial del sector, algo que afean, porque habrá trabajadores de la misma categoría con distintas condiciones. Es lo que no quieren aceptar, aunque “puede que sea legal y se pueda hacer”.
Lago confía en que la empresa reflexione y “se siente a explicarnos lo que está pasando con estos contratos”, pero Gómez es menos optimista y opina que no lo hará y que la huelga tendrá que ser efectiva. De momento, lo que harán es reunirse en asamblea el próximo viernes para tomar decisiones en base al silencio de las partes a las que apelan, si este continúa o de los acontecimientos que se vayan sucediendo.
PP: “Es el resultado de una chapuza”
El portavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Ponferrada, Marco Morala, recuerda las razones que esgrimió el Grupo Popular para no apoyar los pliegos que están dando lugar a tanto problema. “Dijimos que iban a dar dolores de cabeza la separación en lotes, la mala definición de las inversiones necesarias, y lo mal que se había resuelto la relación laboral definida en los convenios de personal”. Considera que se trata de “una chapuza de pliegos que no puede sino dar lugar a problemas que amenazan con afectar el normal funcionamiento y prestación del servicio de limpieza y que serán persistentes en los siguientes ejercicios presupuestarios”, augura Morala.Apunta que la convocatoria de huelga por parte del comité de empresa “viene a darnos la razón”, antes incluso de que se active el contrato nuevo que recae en FCC. “Lo peor es que los previsibles dolores de cabeza no parecen afectar precisamente a los responsables del equipo de gobierno, sino que amenazan con ser incómodos para los ciudadanos, que es lo que caracteriza la forma habitual de gobernar de Olegario Ramón, que los problemas de gestión se conviertan en institucionales y de ahí pasen a problemas sociales que afectan a los ciudadanos y alteran su vida normal”.
“El contrato trae desigualdad laboral y lo que es aún peor y debería darle vergüenza a este equipo de gobierno, trae conflictividad laboral, con su consiguiente repercusión social”, asegura.
La preocupación del PP va en la línea del conflicto laboral por un lado, pero también en que pueda afectar a la calidad del servicio. Consideran que hubo precipitación en el establecimiento del contrato nuevo cuando “no era el momento” y eso está llevando a hacer una política de “ensayo y error” que auguran que traiga consecuencias para los trabajadores de la limpieza. Por eso, el PP pide que esta situación se arregle de inmediato.