Representantes de la patronal y los sindicatos, junto a catedráticos y profesores de universidad, participaron este martes en la jornada de presentación del informe a iniciativa propia ‘El sistema de solución autónoma de conflictos laborales en Castilla y León’, que se celebró en la sede del Consejo Económico y Social (CES) de la Comunidad.
La directora de Empleo, Diversidad y Protección Social de CEOE, Rosa Santos Fernández, lamentó la situación de “confrontación” de la Junta con el diálogo social, algo “incomprensible” desde punto de vista es incomprensible desde el punto de vista “democrático, constitucional y europeísta”. Por ello, apeló al “espíritu democrático” del PP que recordó ha impulsado este modelo de concertación hasta llevarlo -dijo- a lo largo de su historia a “lugares de vanguardia”.
Insistió en que el diálogo social de la Comunidad es “pionero” y “vanguardista” y destacó que se ha traducido en un “montón de iniciativas y normativas de gran relevancia” para el progreso social y económico de la Comunidad. Además, recordó la reciente recomendación de la Comisión Europea y del Consejo que pretende impulsar el diálogo social y apela a la creación y el mantenimiento de organismos de solución autónoma de conflictos laborales, gestionados por interlocutores sociales.
En la misma línea, la secretaria confederal de Acción Sindical de CCOO, Mari Cruz Vicente Peralta, aseguró que se vive un “momento decisivo” y apoyó el diálogo social en una comunidad que remarcó ha sido “pionera a lo largo de unas décadas” y con un resultado “muy positivo” para las relaciones laborales y prevención de riesgos laborales, así como para el “entendimiento” de sindicatos y empresarios, a través del Serla, que en estos momentos está “en peligro de extinción”.
Por ello, pidió a la Junta y a su presidente que reconsideren la opción que han tomado y que mantenga el servicio de mediación, el “alma” del diálogo social, sobre el que están de acuerdo sindicatos y empresarios. Además, advirtió de las consecuencias “irreparables” de su supresión para los trabajadores y propias empresas. También, indicó que es algo que cualquier país del mundo tiene como un “valor” y reiteró el apoyo del SIMA para que se replantee la eliminación del Serla.
Por su parte, la secretaria confederal de UGT, Patricia Ruiz, pidió “encarecidamente” a los dos partidos que gobiernan en la Junta, PP y Vox, que reviertan su decisión de retirar la financiación e iniciar la supresión del Serla. A su juicio, lo que se pretende hacer es un “atentado” contra los derechos democráticos y añadió que esto “pone en riesgo” la convivencia entre empresas y trabajadores.
Por ello, Ruiz reivindicó el cumplimiento de los derechos constitucionales y advirtió a la Junta que la decisión que ha tomado no va a evitar que haya conflicto. De hecho, “más allá de un supuesto ahorro económico”, que sostuvo “no va a llegar”, señaló que se producirá una “ruptura” en la convivencia dentro de las empresas al no contar con un servicio previo de mediación antes de la huelga o una demanda, que señaló siempre es un “fracaso” en las relaciones laborales.
“¿Cuantas horas de huelga va a ocasionar esta eliminación de un servicio de mediación y arbitraje? Seguramente muchas, tantas como se ha evitado en el pasado”, dijo la dirigente de UGT, quien auguró que la supresión del Serla va traer conflicto, horas de huelga, pérdida de competitividad y de confianza entre trabajadores y confianza.
Confianza
El presidente del CES de Castilla y León, Enrique Cabero, expresó su confianza en que el Serla siga funcionando en la Comunidad, porque sostuvo que es un instrumento “muy útil” para la autonomía y añadió que con su ampliación cada vez a serlo más.
Así lo trasladó tras presentar la jornada, que destacó cuenta con ponentes del ámbito académico, sindical y empresarial de “primer nivel” y de “prestigio”, como la catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social (DTSS) de la Universidad Complutense de Madrid y presidenta de la Asociación Española de Trabajo y de la Seguridad Social (AEDTSS), María Emilia Casas Baamonde; el catedrático de DTSS de la Universidad de Salamanca y Jesús Baz Rodríguez, Manuel Carlos Palomeque López, y el profesor titular de DTSS de la Universidad de Salamanca y coordinador del documento técnico del informe a iniciativa propia del CES, Manuel Carlos Palomeque López. También participan representantes de servicios de mediación y arbitraje de otros territorios y del SIMA (Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje).
Cabero recordó que el informe, aprobado el 13 de febrero por unanimidad, se empezó a gestar hace tiempo, coincidiendo con los 25 años del sistema a nivel estatal. Así, más allá de la coyuntura actual, se inició un análisis y balance, tanto del servicio en el país, como en la Comunidad, así como de su ampliación y crecimiento al ámbito del trabajo autónomo.